Sancionan a trabajadores de Correos de Cuba por robo y falsificación de documentos bancarios

En la Empresa de Correos Habana Oeste, perteneciente al Grupo Empresarial Correos de Cuba, no funcionó ningún mecanismo de control durante la etapa en la cual ocurrieron los hechos. Foto: José M. Correa/ Granma

Por Yudy Castro Morales

Un cheque equivocado a nombre de la Agencia Sasa Moto puso en vilo a la nueva dirección de la Empresa de Correos Habana Oeste. Al descubrir que el instrumento de pago en cuestión, por un importe de 3 633.75 CUC, correspondía a un trabajador por cuenta propia, sobrevino el desconcierto y luego la investigación que reveló las violaciones flagrantes y los delitos.

Los sucesos, acaecidos durante el 2013 y principios del 2014, involucraron a la dirección de la empresa, su departamento económico y al referido cuentapropista, quien recibió en ese periodo pagos excesivamente su­periores al valor de los servicios de cerrajería prestados, e incluso cobró por trabajos nun­ca hechos.

Las sumas ascendieron a la cifra escandalosa de 1 024 544.86 CUP y 30 964.75 CUC, afec­tación económica propiciada por el absoluto descontrol reinante que dio paso a la co­misión de los delitos de malversación, falsificación de documentos bancarios y de co­mercio e incumplimiento del deber de preservar los bienes de entidades económicas.

A los principales acusados les fueron im­puestas sanciones entre uno y diez años de privación de libertad, unido a la responsabilidad civil.

Pero más allá de las condenas, es preciso erradicar las causas que favorecen la ocurrencia de sucesos de esta índole, o al menos, perfeccionar los mecanismos de control que permitan detectarlos con celeridad. De lo con­trario, solo le habremos cortado una ra­ma a un árbol de raíces muy profundas.

Vale aclarar, además, que no se trata de un enfrentamiento contra los trabajadores por cuenta propia, cuyas producciones y servicios oxigenan y forman parte del panorama socioeconómico cubano. Hablamos de ser estrictos en el cumplimiento de las normativas que regulan la contratación y el pago de las prestaciones. Todo ello en beneficio de la gestión empresarial y de los nuevos actores de la economía.

La punta de la cuerda

Durante el 2013, la Empresa de Correos Habana Oeste, ubicada en el capitalino mu­nicipio de Marianao, estuvo a cargo de la ciudadana Madeleine Deroncelé Sarmiento, quien se desempeñó como directora desde enero hasta igual periodo del 2014, fecha en que fue sustituida por un nuevo directivo.

El proceso de cambio de mando, bastante complejo debido al descontrol existente, coin­cidió con el cierre fiscal, etapa donde la directora económica, Yordanka Riverol Tro­che, casualmente, solicita su liberación.

No obstante, ambas debían dejar las cuentas claras antes de entregar sus responsabilidades. Ello implicaba dar fe de los estados financieros, transferencias bancarias y sobre todo, de las operaciones en curso.

Con ese objetivo sesionó, justo el 14 de febrero del 2014, el Comité de cobros, pa­gos, contratación, compras e inventarios, cu­ya funcionalidad había sido nula hasta entonces.

En la reunión participó otra implicada, la contadora Yeney de la Caridad Vidal, quien informó sobre un cheque aparentemente en tránsito por un importe de 3 633.75 CUC y consignado a la Agencia Sasa Moto, la cual prestaba servicios de reparación de vehículos a la entidad.

Sin embargo, el técnico de transporte, presente en el encuentro, no tenía conocimiento sobre tales prestaciones y por tanto aseguró “que no fueron efectuadas”.

A partir de ahí comienzan a seguirle la pista al maldito/bendito cheque que ya ha­bía sido cobrado el 6 de febrero y en el cual aparecían las firmas de Yordanka Riverol y Javier Hernández Alonso, jefe del Depar­ta­mento de Contabilidad, también involucrado en los hechos.

Había pasado menos de una semana de los acontecimientos, rememora Isnelys Ar­menteros González, actual directora ad­junta de la Empresa de Correos Habana Oes­te, cuando Javier Hernández “encuentra” las facturas cuyos montos eran equivalentes al importe total del cheque, pero correspondían al cerrajero Erlis Puentes de León.

El “descubrimiento”, casi fortuito, vino a confirmar las sospechas sobre los manejos turbios que tenían lugar en la entidad, to­mando como punto de partida el pago en CUC a un trabajador por cuenta propia, en total contradicción con lo estipulado en las Resoluciones 32 y 151 del 2013 del Ministerio de Economía y Planificación y el Presidente del Grupo Empresarial de Correos de Cuba (GECC), respectivamente.

Según la Resolución No. 151, resulta obligatoria la realización de los pagos en pesos cubanos no convertibles. Asimismo, especifica que los contratos, antes de ser firmados, de­ben ser aprobados por el Comité de compras de la entidad correspondiente.

Pero el asunto resultó aún más complejo que una infracción sobre el tipo de moneda empleada. A juzgar por la fecha del cheque, era casi imposible que los trabajos inscritos en las facturas se hubiesen realizado. Ade­más, insiste Armenteros González, “la nueva jefatura no había orientado la ejecución de tales acciones”.

Ante la magnitud de las irregularidades, la Comisión, creada entonces para averiguar el origen y destino del instrumento de pago, notificó los sucesos al Departamento Territorial de Investigación Criminal y Ope­raciones No. 2, ubicado en el municipio de Playa.

Luego, de conjunto con funcionarios del GECC, inició una comprobación económica a la empresa, la cual abarcó el periodo de enero del 2013 a febrero del 2014 e incluyó todos los documentos que amparaban las retribuciones efectuadas al cuentapropista Puentes de León.

De acuerdo con Armenteros González, fueron revisadas 187 facturas. El análisis evidenció saltos inexplicables en la numeración y la existencia de algunas con el mismo número, pero atribuidas a diferentes destinatarios. La mayoría fue recibida por los acusados Yordanka Riverol y Javier Hernández, y en algunas ocasiones por las también implicadas Lusset de la Caridad Baró y Celia Sán­chez Fleites, ambas contadoras.

Aunque todos los importes fueron pagados, en la empresa no apareció ningún acta de conformidad firmada por los directivos de las unidades, de modo que pudiesen acreditar la realización satisfactoria de las acciones. Tampoco poseían los documentos los administradores de los establecimientos donde teóricamente fueron hechos los arreglos.

Llegaron a sentirse tan impunes, sostiene Isnelys Armenteros, que consignaron ac­tividades de mantenimiento y reparación a unidades cerradas, trabajos relacionados con cajas fuertes en oficinas puramente administrativas y refacturaron acciones ejecutadas en etapas anteriores.

Astucia o inoperancia

Ya el cerrajero conocía bien el terreno. Un año antes, en el 2012, había firmado un contrato de trabajo con Habana Oeste, mediante el cual laboró en varias de las 47 unidades subordinadas a la empresa. Pero en esa épo­ca aún no habría de urdirse el fraude.

Fue en marzo del 2013, cuando la acusada Madeleine Deroncelé rubrica un suplemento al contrato anterior, que comienza a funcionar el entramado. Así lo corroboraron la comprobación económica y las pesquisas del instructor penal del caso, teniente Da­riam Pérez.

Tengamos en cuenta que el mencionado documento nunca fue sometido a la consideración de los departamentos jurídico, comercial y económico de la entidad. No poseía copia del certifico que amparaba al cerrajero para desempeñar su actividad, ni licencia de cuenta bancaria, ni anexos donde se detallaran las prestaciones y el precio de las mismas, ni los instrumentos de pago a utilizar y la moneda en la cual se efectuarían.

Pero ninguna de estas irregularidades lla­mó la atención de la “ingenua” directora, la misma que nunca controló el estado financiero de la empresa, ni el reflejo transparente de las operaciones, contexto propicio para que cualquier inescrupuloso obrase a su antojo con los dineros de la entidad.

Y tal era el “letargo” de la máxima responsable de la empresa que ni siquiera reparó en los pagos en CUC al cuentapropista, los cuales comenzaron poco tiempo después de que fuera expuesto un caso similar en la Junta Nacional de Directores, en aras de evitar que los jefes y sus subordinados cometieran di­chas infracciones.

Ya abiertas las puertas, el ciudadano Erlis Puentes, de común acuerdo con Yordanka Riverol y Javier Hernández, tramaron cómo apropiarse del efectivo asignado a Habana Oeste para el cumplimiento de sus misiones.

El plan parecía un “juego de niños”, especialmente ante la inobservancia de la directora, quien delegó todas sus funciones en la jefa económica y debió ponerse, además, una ven­da en los ojos para no percatarse nunca de los desajustes.

Según el instructor Dariam Pérez, el mo­dus operandi engranó todas las piezas: “Por sus facultades como jefes de las áreas económica y de contabilidad, Yordanka y Javier se encargarían de recibir y firmar las facturas presentadas por el cerrajero. Estas reflejarían los supuestos trabajos efectuados y el importe de los mismos, totalmente desproporcionados”.

“Al contar con firmas acreditadas en el Banco, dichos ciudadanos procederían, una vez recibidas las facturas, a autorizar el pago de los trabajos ficticios mediante trans­fe­rencias y cheques. Después Erlis Puentes ex­traería las sumas y las repartirían entre los tres”.

De acuerdo con las investigaciones, el resto de las involucradas, quienes indistintamente recibieron las facturas, efectuaron las transferencias y permitieron que sus jefes dispusieran de los cheques, no conocían la magnitud de lo que estaba sucediendo y de cómo eso las afectaría. No obstante, a ellas les tocó aprender de la peor manera.

Como parte de las acciones de instrucción, fueron sometidos a peritaje de documentos 11 cheques, diez modelos de factura y diez mo­delos de transferencia de fondos. Los peritos concluyeron que los textos ma­nuscritos investigados y las firmas coinciden con las muestras remitidas a nombre de los acusados Javier Hernández y Yordanka Riverol.

Vulnerabilidades

Ya conocemos de la inoperancia de la ex­di­rectora de la Empresa de Correos Ha­bana Oeste, de su falta de control y hasta de su “ingenuidad”; ya sabemos de la pérdida de valores de los principales involucrados y del desconocimiento fatal de los demás; ya sabemos que ningún departamento jugó su papel de contrapartida interna.

Pero probablemente, al igual que a mí, le asalte la duda sobre la vulnerabilidad de los mecanismos externos de control, provenientes, por ejemplo, del Grupo Empresarial de Correos de Cuba, al cual se subordina la entidad.

Durante un intercambio reciente, Nancy Ramírez Vega, directora económica del GECC, comentó a Granma sobre las herramientas creadas para acceder, desde el nivel central, al estado de cuentas de las empresas, unido al desarrollo de acciones de control en el terreno que le han permitido detectar disímiles irregularidades, constitutivas, incluso, de delitos.

—¿Qué pasó entonces con Habana Oeste? ¿Cómo pudo la económica engañar a todos durante un año y provocar una afectación millonaria?

—En primer lugar, nunca existió una contrapartida, pues la directora confió de manera absoluta en la económica y delegó en ella todas sus responsabilidades. Tampoco olvidemos que, sin soslayar nuestra función de supervisión y control, las empresas cuentan con determinadas facultades que las vuelven más independientes jurídica y económicamente.

“En segundo lugar, aunque las entidades están obligadas a ofrecer una información fidedigna de todos los sucesos contables, las operaciones realizadas en Habana Oeste no se reflejaban en la contabilidad.

“Los pagos efectuados eran introducidos en los registros con conceptos de gastos diferentes a los concebidos en nuestro clasificador. Se trataba de una contabilidad cosmética, jugaba con los resultados y con los estados de cuenta”.

—¿Por qué las herramientas de control no detectaron ningún desajuste?

—La económica Yordanka Riverol manipulaba el sistema de gestión contable-financiero Versat Sarasola y además disimulaba las transferencias, pues introducía descripciones que no se relacionaban con los pagos reales.

“Incluso emitió un pago al cerrajero desde la cuenta de la Seguridad Social de la empresa, lo cual constituye una indisciplina de carácter grave por el uso indebido de estos fondos.

“No obstante, durante la etapa en la cual ocurrieron los hechos la dirección económica del GECC ya se había percatado de que los ingresos no se correspondían con la historia de la entidad, aparecían irregularidades en algunas unidades y no existía formalidad con la entrega de la información contable”.

Todo ello, subrayó Nancy Ramírez, se lo comunicamos en varias oportunidades a la directora y a otras instancias, y efectuamos frecuentes acciones de control, que en definitiva no lograron detectar lo que realmente sucedía.

En ese sentido, reconoció la necesidad de modificar los procedimientos, profundizar en los controles, supervisar con mayor ri­gor las operaciones primarias y, sobre todo, realizar una mejor selección de los cuadros debido a que cada día las entidades de correo asumen mayores encargos y manejan sumas millonarias.

Hoy la nueva dirección de la Empresa Ha­bana Oeste se empeña en recuperar la credibilidad y conducir sus pasos por caminos de bien.

Pero ojalá los hechos narrados, que no son los únicos, les hayan aguzado los sentidos a quienes llevan las riendas del control, porque independientemente de la contabilidad cosmética y de los gastos enmascarados, los dineros se escapaban ante la vista “nublada” de todos.

Sanciones impuestas a los involucrados en el caso Cerrajero

Luego de celebrarse la vista del juicio oral el 29 de diciembre del 2014 en la Sala Se­gunda de lo Penal, el Tribunal Provincial Popular de La Habana sentenció:

A YORDANKA RIVEROL TROCHE y ER­LIS PUENTES DE LEÓN a diez y nueve años de privación de libertad, respectivamente, por ser autores del delito de Falsificación de Documentos Bancarios y de Comercio continuado como medio a fin para cometer el delito de Malversación.

A MADELEINE DERONCELÉ SARMIENTO a un año de privación de libertad, por ser autora del delito de Incumplimiento del Deber de Preservar los Bienes en Entidades Económicas.

A JAVIER HERNÁNDEZ ALONSO a cinco años de privación de libertad, subsidiados por igual periodo de trabajo correccional con internamiento, por ser autor del delito de Falsificación de Documentos Ban­carios y de Comercio continuado como me­dio a fin para cometer el delito de Mal­versación.

A YENEY DE LA CARIDAD VIDAL PA­CHECO a un año de privación de libertad, subsidiado por igual periodo de trabajo correccional sin internamiento, por ser au­tora del delito de Incumplimiento del Deber de Preservar los Bienes en Entidades Eco­nómicas.

A LUSSET DE LA CARIDAD BARÓ MAR­TÍNEZ a una multa de 200 cuotas de 10 pesos cada una, por ser autora del delito de Incumplimiento del Deber de Preservar los Bienes en Entidades Económicas. Entre­tanto CELIA SÁNCHEZ FLEITES fue ab­suelta.

Asimismo, a YORDANKA RIVEROL TRO­CHE, ERLIS PUENTES DE LEÓN, MADELEINE DERONCELÉ SARMIENTO, JAVIER HER­NÁNDEZ ALONSO y YENEY DE LA CA­RI­DAD VIDAL PACHECO les fueron im­pues­tas sanciones accesorias consistentes en la privación de derechos y prohibición de ejercicio de profesión, cargo u oficio acorde con el tiempo de privación de libertad.

Mientras YORDANKA RIVEROL TROCHE, ERLIS PUENTES DE LEÓN y JAVIER HERNÁNDEZ ALONSO deberán reparar de forma solidaria el daño material ocasionado a la empresa de Correos Habana Oeste.

(Tomado del diario Granma)